Tulcán; 28/07/2026.- La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), en el ámbito de las competencias que le confiere la Ley de Minería y en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las demás instituciones competentes del Estado, continúa fortaleciendo las acciones de regulación, vigilancia y control destinadas a prevenir y enfrentar las actividades ilícitas vinculadas a la extracción de minerales, contribuyendo a la protección de los recursos estratégicos, la seguridad de las comunidades y el fortalecimiento de la presencia
institucional del Estado en el territorio nacional.

Como resultado de esta articulación interinstitucional, se ejecutaron 125 operativos de control en las provincias de Azuay, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Morona Santiago, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, generando una afectación económica estimada superior a USD 11,5 millones sobre las actividades ilícitas vinculadas a la extracción de minerales, en el periodo de mayo a julio del presente año.

Estos resultados reflejan el fortalecimiento de las capacidades operativas del Estado para intervenir en zonas priorizadas, limitar las capacidades económicas asociadas a economías ilícitas y proteger el patrimonio minero nacional mediante una respuesta coordinada entre las instituciones competentes.

Las acciones desarrolladas se enmarcan en la política del Gobierno Nacional orientada a fortalecer la seguridad, combatir las economías ilícitas y consolidar la gobernanza sobre los recursos estratégicos del país. En este contexto, ARCOM ejerce sus atribuciones de regulación y control mediante mecanismos permanentes de coordinación con las entidades responsables de la seguridad, la justicia y el control administrativo, dentro del ámbito de las competencias que les asigna el ordenamiento jurídico.

Como parte de su estrategia de transparencia y fortalecimiento del control ciudadano, ARCOM mantiene habilitado su Canal Oficial de Denuncias, mecanismo que permite reportar, de manera segura y confidencial, presuntos actos de corrupción y posibles actividades relacionadas con la extracción ilícita de minerales. La información proporcionada por la ciudadanía constituye un insumo relevante para orientar los procesos de análisis, planificación y coordinación con las autoridades competentes, sin que la recepción de una denuncia implique, por sí misma, la determinación de responsabilidades administrativas, civiles o penales, las cuales se establecerán conforme al debido proceso y por las autoridades competentes.

FUENTE: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFICO